Comunicados de la Federación Latinoamericana de Fiscales, respecto a cuestiones de importancia para el ejercicio del rol fiscal, y garantías que deben serle aseguradas, como ser su independencia, seguridad personal y de su familia, y demás aspectos relativos al ejercicio del cargo. 

COMUNICADO

Homicidio de la Fiscal Karen Gabriela Almendares Herrera

República de Honduras

28 de mayo de 2022

 

                 La Federación Latinoamericana de Fiscales manifiesta su enérgico repudio al violento homicidio de la Fiscal Karen Gabriela Almendares Herrera, quien cumplía funciones en la fiscalía local de Nacaome, departamento de Valle, de la Republica de Honduras investigando delitos en contra del medio ambiente, solidarizándonos con el dolor de sus familiares y de los colegas hondureños.

 

                  Existe un pesar insuperable en todas las Asociaciones de Fiscales de la región, ya que este lamentable suceso constituye el tercer homicidio de un fiscal, en un mes. Todavía no cicatrizó nuestra herida por las recientes muertes del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en Colombia; y la fiscal de Ecuador, Luz Marina Delgado y tenemos que afrontar un nuevo agravio a la vida de un fiscal.

 

                La FLF viene alertando, constantemente, a los poderes políticos de la región, como responsables de la seguridad jurídica y física de los ciudadanos, de la ausencia de dispositivos efectivos para asegurar el normal desarrollo de las tareas de los operadores judiciales, resaltando que muchos de ellos cumplen sus funciones en un contexto de amenazas y de profundas incertidumbres, creadas por la injerencia indebida de parte de los factores de poder, en particular de las organizaciones criminales transnacionales.

 

                Estos atentados están dirigidos a menoscabar la independencia del Ministerio Público Fiscal, debilitando los principios de un estado republicano y democrático.

 

              Es por ello, de persistir el grave desamparo de los fiscales, que la FLF se verá obligada a recurrir a los tribunales internacionales con el fin solicitar la condena de todos los responsables estatales, que por su inacción, han puesto en riesgo la integridad física y la vida de los fiscales, familiares y colaboradores.

 

                Por lo expuesto, exigimos a los representantes estatales y en especial, en este caso, al Poder Ejecutivo de la República de Honduras, que dé una respuesta contundente al obrar criminal, esclareciendo el hecho, en un tiempo breve, con la respectiva condena a los responsables directos y mediatos de la muerte de la fiscal.

 

               Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, las que se ponen a disposición para colaborar con un protocolo de seguridad, bajo los standards de Seguridad para Fiscales y sus familiares, aprobados en Helsinski, Finlandia el 1 de marzo de 2008 por la IAP.

Presidenta: Susana Marta Pernas 

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián 

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COMUNICADO

Asesinato de Luz Marina Delgado, Fiscal de Tránsito de Manta,

República del Ecuador.

25 de mayo de 2022

                          La Federación Latinoamericana de Fiscales manifiesta su preocupación y repudio por el asesinato de Luz Marina Delgado, Fiscal de Tránsito de Manta, República del Ecuador.

 

                                El hecho es de gravedad institucional inusitada, no solo por los efectos que se producen en la comunidad, sino que además están dirigidos a menoscabar la independencia del Ministerio Público Fiscal, en tanto ponen en evidencia la ausencia de dispositivos de seguridad para los Fiscales, familiares y colaboradores.

 

                         Como venimos sosteniendo, el rol del Fiscal en la lucha contra el crimen, exige que se extremen los recaudos de seguridad para él y su familia, ya que los coloca constantemente en una posición antagónica con la delincuencia organizada, motivo por el cual reclamamos a las autoridades el máximo esfuerzo en ese sentido'' ofreciendo nuestra colaboración para formular el protocolo respectivo.

 

                             Por ello, la Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su repudio por el hecho ocurrido y nos solidarizamos con el dolor de sus familiares y los colegas ecuatorianos, solicitando a los organismos oficiales que se extremen las medidas para determinar y castigar, con prontitud, a los responsables.

Presidenta: Susana Marta Pernas 

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián 

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COMUNICADO

Audiencias virtuales en la jurisdicción penal – República de Colombia

22 de mayo de 2022

 

            La Federación Latinoamericana de Fiscales, de manera reiterada sostiene que la necesaria independencia que debe existir en el ámbito del sistema judicial (cuestión amparada en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), no solo se evidencia en la función de investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sino que, principalmente, fue establecida para garantizar el derecho de acceso de la comunidad a una justicia imparcial, en especial en favor de las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.

 

                      Consecuentemente, constituye una obligación de los Estados, más allá de la modernización de las instituciones para jerarquizar la función judicial, proponer todos los recursos técnicos y materiales suficientes que aseguren, de manera efectiva, un acceso concreto, al servicio de justicia de todas las partes.

 

                     Las definiciones de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia, plantean que las personas en situación de vulnerabilidad (ya sea por su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales), no deben encontrar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, por lo que cualquier diferimiento o retardo injustificado constituye un trato discriminatorio.

 

                 Ello, nos permite afirmar que la calidad del servicio justicia, entre otros objetivos, también debe perseguir la mayor celeridad en la resolución de los conflictos, lo que se ve plasmado en disminuir al máximo la frustración de las audiencias, facilitando, en lo posible, la concurrencia de testigos, peritos,etc.

 

               En ese marco, entendemos que el reciente pronunciamiento, en el ambito parlamentario, en la República de Colombia, donde se pretende dejar por fuera a la jurisdicción Penal de la posibilidad de adelantar sus actuaciones mediante mecanismos virtuales, pone en tensión el acceso de las partes al derecho de una justicia independiente.

 

                    En consecuencia, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a la Asociación Nacional de Fiscales de Colombia en su constante trabajo y lucha para lograr que la jurisdicción penal se acople a estándares internacionales modernos de justicia, al entender que la virtualidad propende una pronta y cumplida justicia.

 

                   Lo expuesto, en modo alguno significa desconocer la necesidad del contacto directo y personal del juez o tribunal con las partes y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial, sino lo que se pretende es impulsar por medio de la virtualidad aquellas audiencias en donde sea innecesaria aquella vinculación procesal.

 

                   Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.-

Presidenta: Susana Marta Pernas 

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián 

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COMUNICADO

Asesinato del fiscal paraguayo

Dr. Marcelo Daniel Pecci Albertini

10 de mayo de 2022

               La Federación Latinoamericana de Fiscales tiene hoy la dolorosa labor de saludar y solidarizarse con todo el Ministerio Público de la República del Paraguay, lamentando profundamente el asesinato del colega Fiscal, Dr. Marcelo Daniel Pecci Albertini, un funcionario empeñado en la lucha contra el crimen organizado de su país.

               Una vez más, los oscuros intereses del delito, atacan a los representantes de la sociedad que en pos del servicio de justicia hacen el sacrificio más extremo, lo que se repite como una constante a lo largo y ancho del continente, en sus más variadas expresiones desde ataques a su honor, a la estabilidad de sus cargos e incluso a la propia vida.

               Convencidos de que los lazos de solidaridad de todas las asociaciones de fiscales latinoamericanas son el motor para el apoyo mutuo y el trabajo conjunto, nos permitimos transmitir toda nuestra solidaridad a la familia del Dr. Pecci Albertini, sus amigos y a toda la comunidad de personas que integran el Ministerio Público de su país, para decirles que no están solos, así como tampoco lo está ningún Fiscal que cumpla fielmente su labor.

             La muerte de un colega, a pesar del profundo dolor que nos provoca, sólo refuerza nuestro compromiso y determinación en el cumplimiento de la ley, en miras a obtener una paz social duradera para todo s los pueblos.

Presidente: Susana Marta Pernas 

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián 

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COMUNICADO

Caso Fiscal Lilian Virginia Laparra Rivas

detenida en Guatemala

05 de mayo de 2022

 

                       La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, quiere ratificar, una vez más, que uno de sus principales objetivos constituye la defensa de la independencia del Ministerio Público Fiscal, como así también la seguridad de los fiscales, sus colaboradores y familias.

                           En consecuencia, corresponde resaltar que, en las Directrices sobre la función de los fiscales, aprobadas en 1990 durante el “Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente”, contienen lineamientos destinados a garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad, y sin estar sujetos a intimidación e injerencias indebidas.

                        En tal sentido, cabe indicar que uno de los principales lineamientos, en donde se pone un mayor cuidado, es el sistema de sanciones disciplinarias de los fiscales, de todos los niveles, por lo que se exige una regulación que respete las garantías constitucionales básicas de un Estado de Derecho, a fin de evitar que aquel proceso sea utilizado como un mecanismo de presión e influencia indebida sobre su labor. En efecto, las y los fiscales no pueden ser sometidos a procedimientos o sanciones disciplinarias que desconozcan los principios de legalidad y debido proceso.

                Por ello, todas las denuncias presentadas en contra de los fiscales deben ser tramitadas con prontitud, en procedimientos imparciales, dirigidos por un órgano independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

                     En el ámbito europeo, el Consejo de Europa también recomendó a los gobiernos de los Estados que tomaran “medidas apropiadas para facilitar que los miembros del Ministerio Fiscal puedan ejecutar su misión sin injerencias injustificadas y sin riesgo de incurrir, más allá de lo razonable, en responsabilidad civil, penal o de cualquier otra clase”.

                      En ese marco, la Federación Latinoamericana de Fiscales ve con mucha preocupación los sucesos acaecidos recientemente en la República de Guatemala, donde se produjo la detención de la fiscal Lilian Virginia Laparra Rivas, quien estaba a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el Departamento de Quetzaltenango por acusaciones de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones.

                      Dicha situación se tornó más grave, al realizarse en un contexto de varias renuncias forzadas y del exilio de decenas de funcionarios anticorrupción, quienes denunciaron persecuciones políticas como consecuencia de su tarea.

                     Por ello, exhortamos a la Jefa del Ministerio Público, Fiscal General Maria Consuelo Porras, que disponga las medidas necesarias para superar cualquier sospecha de persecución penal indebida contra los operadores que han tenido un desempeño laboral valioso contra los delitos de corrupción.

                       Por otra parte, confiamos, que las autoridades jurisdiccionales y administrativas resuelvan con la mayor premura posible estos casos, de modo que se evite el mínimo riesgo de afectación de la presunción de inocencia; del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y el debido proceso, lo contrario, significaría un menoscabo cierto a la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal del Guatemala.

                     Por último, de comprobarse un hostigamiento ilegal contra los fiscales como consecuencia de su tarea, en especial respecto de aquellos que se encuentran avocados a investigar delitos de corrupción y de organizaciones criminales transnacionales, la FLF analizara un plan de acción para asistir y acompañar los reclamos de los afectados ante los organismos internacionales pertinentes, en defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal.

                      Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Presidente: Susana Marta Pernas (Asociación de Fiscales y funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Asociación de Fiscales de Costa Rica)

Vicepresidente Segundo: Augusto Salas (Asociación de Fiscales del Paraguay)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Asociación Argentina de Fiscales).

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (Asociación de Fiscales Dominicanos)

Protesorero: Francisco Bravo (Presidente de la Asociación de Fiscales de Chile)

 

Vocales titulares y suplentes:

Argentina: María Fernanda Poggi, Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marcus Brito de Assis

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Jesús Enrique Ortiz Calderón

Guatemala: Max López, Juan Fernando Cardona Gonzalez

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez, Randy Estrada

Perú: Jorge Alberto Vega AguilarJuan Eloy Coya Ponce

Uruguay: Brenda Puppo, Willian Rosa

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DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LATINOAMÉRICA

 

COMUNICADO

Propuestas de normas constitucionales en Chile

2 de mayo de 2022

 

                Considerando que en los próximos días se deben someter a votación en la Convención/Asamblea Constituyente de ese hermano país de Chile, normas constitucionales que regularán la estructura organizacional del Ministerio Público, como Federación que agrupa a las Asociaciones de Fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, venimos a expresar lo siguiente:

                     La Federación Latinoamericana de Fiscales, constantemente viene alertando la reiterada pretensión los distintos poderes políticos de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen la necesaria independencia que debe existir en el ámbito del sistema judicial, cuestión amparada en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

                      En efecto, la autonomía en las instituciones de procuración de justicia no solo es necesaria para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino que fue establecida para garantizar a la comunidad el derecho de acceso a una justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.

                       En ese marco, la Federación Latinoamericana de Fiscales quiere expresar su profunda preocupación por las normas que crean un órgano colectivo como jefe superior de todos los fiscales de Chile, cuestión que escapa a las mínimas necesidades orgánicas de una institución que debe tener una dirección monolítica para hacer frente a la compleja criminalidad que enfrenta nuestra región.

                      Si los Ministerios Públicos de la región, todas entidades ejecutivas y de gestión, están muchas veces permeables a posibles actos de corrupción pese a tener todos una sola cabeza que las dirige, y que está de forma permanente sometida a un exhaustivo escrutinio ciudadano, es claramente un peligro inminente que esa responsabilidad se comparta entre varias personas, a quienes sin duda sería más fácil influir y cooptar por parte de poderosos grupos de delincuencia organizada.

                      Ahora bien, el riesgo o peligro es mucho mayor cuando vemos que la propuesta de integración de este Consejo directivo implica permitir que personas del ámbito político, sin ni siquiera ser o haber sido fiscales, puedan integrar dicha dirección, sin que a su vez se establezcan requisitos técnicos que permitan la más mínima seguridad de que la dirección de esa procuraduría será realizada de forma técnica e imparcial.

Considerando todo lo anterior, venimos a dejar constancia de esta delicada situación que afecta precisamente al país que ha sido modelo latinoamericano en reformas a un sistema de justicia penal respetuoso de los derechos ciudadanos mas básicos, dentro de los cuales, reiteramos, está la independencia y la ausencia de injerencia de    los intereses políticos, germen permanente de corrupción en nuestra región.

                        Por todo ello, exhortamos a una prudencia especial a la Convención Constitucional de Chile, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten los principios republicanos, debiendo impedir injerencias intolerables de los otros poderes estatales que puedan menoscabar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal.

Presidente: Susana Marta Pernas (Asociación de Fiscales y funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Asociación de Fiscales de Costa Rica)

Vicepresidente Segundo: Augusto Salas (Asociación de Fiscales del Paraguay)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Asociación Argentina de Fiscales).

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (Asociación de Fiscales Dominicanos)

Protesorero: Francisco Bravo (Presidente de la Asociación de Fiscales de Chile)

 

Vocales titulares y suplentes:

Argentina: María Fernanda Poggi, Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marcus Brito de Assis

Chile: Erika Vargas López, Marcelo Leiva Peña

Colombia: Jesús Enrique Ortiz Calderón

Guatemala: Max López

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Perú: Jorge Alberto Vega Aguilar, Juan Eloy Coya Ponce

Uruguay: Willian Rosa

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COMUNICADO

Proyecto legislativo - República de Uruguay

20 de abril de 2022

                    La Federación Latinoamericana de Fiscales, constantemente viene alertando la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región, de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen que la "independencia judicial constituye un derecho humano”, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

                        En efecto, la autonomía en las instituciones de procuración de justicia no solo es necesaria para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino que fue establecida para garantizar a la comunidad el derecho de acceso a una justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.

                        En ese marco, la FLF quiere expresar su profunda preocupación porque recientemente en la República de Uruguay se ha presentado, en el ámbito parlamentario, un proyecto legislativo con la intención de crear “delitos y procedimientos especiales” respecto del actuar de fiscales y jueces, cuya redacción está conformada con términos muy amplios, ambiguos o generales, que atentan contra los principios primordiales del derecho penal, como son el de legalidad, de igualdad ante la ley y de un derecho penal mínimo.

                        En efecto, la formula legislativa de castigar al “…fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a persona a la cual no le corresponda sanción penal…”, constituye una amenaza y un debilitamiento concreto a la tarea investigativa del Ministerio Publico, sobre todo en los delitos complejos o en los que interviene una organización criminal transnacional, donde existe una cierta dificultad para la recolección de la evidencia, ya que en el caso de ser sobreseído o absuelto alguno de los imputados, los magistrados intervinientes podrían quedar sometidos a un proceso penal para verificar su intencionalidad, corriendo el riesgo de ser víctimas de posibles arbitrariedades y abusos penales, por presiones de los sectores interesados.

                      Por otra parte, las disposiciones procesales diferenciadas, al establecer que cuando se impute a un Fiscal, será un Juez Letrado el que dirija la instrucción y la posible formalización y presentación de la Acusación, constituye una intolerable investigación por una comisión especial que contraria el sistema de juzgamiento adoptado por el Estado uruguayo para todos sus habitantes y funcionarios.

                  En consecuencia, entendiendo que la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder, es que la FLF manifiesta su confianza en que el Poder Legislativo de Uruguay preservará la necesaria autonomía e independencia del Ministerio Público (Directrices sobre la función de los fiscales Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990)

                 

                 Consecuentemente, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a la Asociación de fiscales de Uruguay en sus planteos contra este tipo de proyectos legislativos, e invitándolas a ocurrir ante organismos internacionales de protección de derechos humanos para el caso de que se efectivicen los avasallamientos a la independencia judicial.

                Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Presidente: Susana Marta Pernas (Asociación de Fiscales y funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Asociación de Fiscales de Costa Rica)

Vicepresidente Segundo: Augusto Salas (Asociación de Fiscales del Paraguay)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Asociación Argentina de Fiscales).

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (Asociación de Fiscales Dominicanos)

Tesorero: Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (Brasil)

Protesorero: Francisco Bravo (Presidente de la Asociación de Fiscales de Chile)

 

Vocales titulares y suplentes:

Argentina: María Fernanda Poggi, Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marcus Brito de Assis

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Jesús Enrique Ortiz Calderón

Costa Rica: Claudia Villafuerte Orellana

Guatemala: Max López, Juan Fernando Cardona Gonzalez

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma

Perú: Jorge Alberto Vega Aguilar, Juan Eloy Coya Ponce

Uruguay: Brenda Puppo, Willian Rosa

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COMUNICADO

Caso Fiscal General del Estado de la República de Paraguay,

Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga

20 de febrero de 2022

          La “Federación Latinoamericana de Fiscales”, viene reiterando hace tiempo, con profunda preocupación, que en varios países de la región, en donde se realizaron imputaciones a integrantes de los cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas o a personas imputados con alta trascendencia social, se ha pretendido atacar las investigaciones judiciales, desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial a los fiscales, sin que esos cuestionamientos se plasmen o tengan éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial o de impugnación.

                Consecuentemente, se observa que en varias oportunidades, se direccionó un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los Fiscales y Procuradores Generales, como jefe de los fiscales, amenazándolos con juicios políticos basados en impugnaciones genéricas a las políticas criminales implementadas en los Ministerios Públicos, soslayando, generalmente, las responsabilidades conjuntas con los otros poderes estatales y la escasa adjudicación de recursos para llevar adelante, de manera efectiva, la acción penal.

              La vinculación de los ataques con personalidades del ámbito de la política que fueron sometidas a proceso, permite sospechar con claridad objetiva que existe una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía.

              En ese marco, hemos observado que en estos días, la Fiscal General del Estado de la República de Paraguay, Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga ha sido cuestionada por un supuesto incumplimiento del rol constitucional atribuido al Ministerio Público, en base a datos imprecisos e incluso atribuibles a otros poderes del Estado paraguayo, negando el aval de los otros controles cruzados institucionales, tanto en el orden jurisdiccional como administrativo, que tiene la tarea de los fiscales.

               Por ello, alertamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Paraguay, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables que traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal.

               Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio.

Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

 

Presidente: Susana Pernas (Asociación de Fiscales y funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Asociación de Fiscales de Costa Rica)

Vicepresidente Segundo: Augusto Salas (Asociación de Fiscales del Paraguay)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación Argentina  – AFFUN)

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Asociación Argentina de Fiscales).

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (Asociación de Fiscales Dominicanos)

Protesorero: Francisco Bravo (Asociación de Fiscales de Chile)

Vocales titulares y suplentes:

Argentina: Fernanda Poggi y Sebastián Videla

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Jesús Enrique Ortiz Calderón

Guatemala: Max López

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma

Perú: Juan Coya

República Dominicana: Miguel Estrella

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

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COMUNICADO

Requerimiento Asociación de Agentes Fiscales Paraguay

Recorte presupuestario al Ministerio Publico Fiscal

28 de noviembre de 2021

                 La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, constantemente viene insistiendo que la defensa de la independencia del Ministerio Público Fiscal, implica, necesariamente, avocarse, entre otros temas, a las “condiciones de servicio” en la que las y los fiscales ejercen su trabajo de investigación y persecución de delitos.

              En este sentido, sostenemos que una real autonomía orgánica del Ministerio Publico, requiere la existencia de una autarquía patrimonial, la que se traduce en un presupuesto idóneo que permita a los fiscales disfrutar de condiciones de servicio razonables, que incluyan la inamovilidad, y la remuneración y una pensión adecuada a la importante función que desempeñan en la administración de la justicia.

               Consecuentemente, no resulta suficiente que los Estados se limiten a pregonar que el Ministerio Publico Fiscal tiene un patrimonio propio, sino que se impone que se establezcan disposiciones legales que consagren el manejo autónomo de ese presupuesto y la participación activa de la institución en su definición, como en cualquier decisión que implique un recorte o disminución de la asignación patrimonial.

              Expresamente, la CIDH ha dicho que “en todo cambio o modificación relacionada con dicho presupuesto debe preverse un procedimiento de participación de la entidad correspondiente y debe asegurarse que pueda por sí misma o a través de su órgano respectivo de gobierno encargarse del manejo de su presupuesto”.

                 En ese marco, la FLF quiere expresar su rechazo a la constante utilización en la región de los presupuestos de los Ministerios Públicos Fiscales como modo de injerencias indebidas del orden político en el desarrollo de la acción penal, queriendo resaltar, en especial, lo sucedido en la República del Paraguay, donde, el pasado miércoles 24 de noviembre, la Cámara de Senadores, de manera inconsulta y sin ningún tipo de deliberación, ha decidido recortar su presupuesto en G22.261.000.000 (más de 3 millones de dólares).

                     De efectivizarse dicho cercenamiento hay un riesgo concreto que el Ministerio Público de Paraguay no pueda afrontar con los costos necesarios para su operatividad, poniendo a las y los fiscales en clara desventaja para conducir las investigaciones penales referidas a hechos de corrupción; criminalidad organizada y, sobre todo, para el castigo a la violación de los derechos humanos.

                    Así las cosas, la FLF manifiesta su confianza en que los poderes políticos del Paraguay, en principio en el orden parlamentario, y en su caso por el Poder Ejecutivo, harán lo necesario rever la posición presupuestaria adoptada, en el entendimiento que una reducción arbitraria de los recursos, dificultara a la comunidad al acceso a una justicia imparcial, donde se contenga a las víctimas y disminuya los grados de impunidad en el orden delictivo.

                  Por último, nos ponemos a disposición Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay para cualquier acción posterior ante organismos internacionales que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal.

                    Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Presidente: Susana Pernas (Asociación de Fiscales y funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Asociación de Fiscales de Costa Rica)

Vicepresidente Segundo: Augusto Salas (Asociación de Fiscales del Paraguay)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Asociación de Fiscales y funcionarios de la Nación Argentina – AFFUN)

Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Asociación Argentina de Fiscales).

Protesorero: Francisco Bravo (Asociación de Fiscales de Chile)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (Asociación de Fiscales Dominicanos)

Vocales titulares y suplentes:

Argentina: Fernanda Poggi y Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marcus Brito de Assis

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodriguez

Guatemala: Max López y Juan Fernando Cardona

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Perú: Juan Coya

Uruguay: Willian Rosa

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COMUNICADO

Situación Fiscal en la Pcia. de San Luis, Argentina

29 de octubre de 2021

                  La Federación Latinoamérica de Fiscales manifiesta su profunda preocupación ante las reiteradas pretensiones de algunos poderes políticos de la región, de hostigar a los fiscales y a los jueces, sugiriendo mediáticamente, sin recurrir por la vía recursiva legal, que actúan de manera indebida o ilegal, en especial cuando no están de acuerdo con sus dictámenes o sienten que afectan sus interese partidarios.

                         La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de justicia.

                        En efecto, es obligación de los Estados “garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole” (cf. Directrices sobre la función de los fiscales, aprobada el 7 de setiembre de 1990 La Habana, Cuba, Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del delincuente).

                      Consecuentemente, esta Federación entiende que tanto los funcionarios del poder ejecutivo como los parlamentarios deben ser muy prudentes en las críticas a las personas de los operadores judiciales, debiendo evitar cualquier riesgo de incurrir en injerencias prohibidas en la función jurisdiccional, máxime si se pueden interpretar como presiones directas o indirectas para torcer la imparcialidad que debe reinar en el actuar del Ministerio Publico en un caso concreto.

              En ese marco, denunciamos enérgicamente los ataques efectuados por algunos legisladores provinciales a la persona de nuestro colega el Dr. Cristian Rachid, Fiscal Federal Subrogante de la Provincia de San Luis – Argentina, ya que más allá de los cuestionamientos jurídicos a su actuar profesional que se deberán canalizar en el proceso pertinente, se advierte un sesgo amedrentador ante cualquier decisión adversa a los intereses sectoriales, ya que luego de adoptar una resolución de repudio solo se la notifican al juez que tiene a su cargo la resolución de las impugnaciones interpuestas en contra del fiscal.

                     Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional.

Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla -

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Perú: Jorge Vega y Juan Coya

República Dominicana: Miguel Estrella

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

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COMUNICADO

Situación Fiscales en Honduras

21 de octubre de 2021

                     La Federación Latinoamérica de Fiscales (FLF), manifiesta su profunda preocupación por la situación que atraviesan los Fiscales del Ministerio Púbico de Honduras, en cuanto al incumplimiento de leyes esenciales sancionadas en el ámbito interno para garantizar la independencia fiscal. Concretamente lo establecido en el artículo 45 del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico y el artículo 138 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, los cuales prescriben que los servidores gozarán de aumentos periódicos por concepto de costo de vida y un aumento de sueldo como resultado de su servicio.

                      Dicha legislación se enmarca en la obligación asumida por los Estados en distintos instrumentos de derechos humanos, por cuanto el acceso a una justicia independiente es el presupuesto necesario para proteger el sistema integral de derechos humanos.

                     Así es que en los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura” el principio 7 afirma que “…Cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones…”

                   En refuerzo de ello, la CIDH afirmó “…50. La Comisión considera que los Estados que no establecen en su marco normativo un porcentaje mínimo de presupuesto asignado los órganos de administración de justicia generan amplios riesgos a la independencia institucional precisamente por su sujeción a las decisiones que sobre el monto de su presupuesto puedan tomar discrecionalmente el poder ejecutivo, el poder legislativo u otros órganos del poder público y las consecuentes negociaciones que pueden verse obligados a realizar para lograr la asignación de un presupuesto adecuado. Lo anterior, además del efecto que pudiera también tener la inseguridad en el presupuesto de manera directa en las condiciones de servicio de las y los operadores de justicia… 51. Al igual que lo ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas, la CIDH considera que el presupuesto asignado al poder judicial debe adecuarse a sus necesidades estar asegurado y revisarse progresivamente para lo cual debe establecerse un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto (PIB) en el marco normativo. Inclusive, en contextos de importantes restricciones económicas nacionales, la Comisión, en concordancia con lo señalado por la Relatoría de Naciones Unidas, considera que debe darse un alto grado de prioridad a la asignación de recursos para atender las necesidades de la judicatura y del sistema judicial…”

                  También en el Parágrafo 6 de las Directrices sobre la función de los fiscales-Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990): “...Las leyes o las normas o reglamentaciones de conocimiento público se establecerán para condiciones razonables de servicio, una remuneración adecuada y, cuando corresponda, seguridad en el cargo, pensión y edad de jubilación…”

               En ese orden de ideas, La Federación Latinoamericana de Fiscales reprocha el incumplimiento al acuerdo entre las autoridades de la Fiscalía General, y la Secretaria de Finanzas con el respectivo visto bueno del Presidente de la Republica consistente en aumentar el presupuesto destinado para el pago de planillas correspondiente al presente año y que la asignación y distribución presupuestaria correspondiente al Ministerio Publico de Honduras está fomentando una marginación económica hacia los servidores del Ministerio Publico por ausencia de retribución salarial en proporción al cargo desempeñan y en inobservancia de obligaciones internacionales sobre derechos humanos.

               Por todo lo antes expuesto la Federación Latinoamericana de Fiscales apoya la solicitud de la Asociación de Fiscales de Honduras, instando al Sr. Presidente de la República JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, para que ordene a las instituciones correspondientes que otorguen las partidas presupuestarias el pago inmediato de los aumentos con su respectivo retroactivos, así como también, se reclama al Sr. Fiscal General de la República OSCAR FERNANDO CHINCHILLA a realizar las gestiones necesarias para recuperar la independencia económica y la afectación salarial de los miembros del Ministerio Público Fiscal.

Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay


Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

 

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla -

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma

Perú: Juan Coya

República Dominicana: Miguel Estrella

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

 

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

Tribunal de Honor: Alejandro Sevilla (Asociación de Fiscales de Honduras)

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COMUNICADO

Situación Fiscales de Brasil

8 de octubre de 2021

            La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) manifiesta su profunda preocupación ante la pretensión del Poder Legislativo brasileño de modificar la Constitución de ese país, a través de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 05/2021, de manera inconsulta y retaceando las facultades al Ministerio Publico, lo que puede poner en riesgo la eficacia y la independencia de la tarea de los fiscales.

              En efecto, nuestra afiliada CONAMP resalta las consecuencias de la propuesta para el debilitamiento de la autonomía del Ministerio Público de ese país y de la independencia de sus fiscales, al incrementar el control político externo del Consejo Nacional del Ministerio Público - CNMP, concentrar poderes excesivos en las manos de la jefatura y permitir que incida una intervención administrativa revocatoria concreta en los actos de investigación llevados a cabo por los fiscales brasileños, bajo conceptos abiertos y susceptibles de interpretación subjetiva, como sean, por ejemplo, la interferencia en el orden político y en el orden público.

           Además, la propuesta establece un régimen disciplinario intimidatorio de la actuación de los fiscales, incluso por la previsión de plazos de prescripción reducidos.

              Todas esas y otras medidas, se desarrollan en un contexto de tensiones institucionales internas y se plantean sin el necesario y profundo debate con la sociedad brasileña (profesionales, académicos, etc.) y con el Ministerio Público de Brasil. De no ser así, existe la posibilidad que se produzca una disociación entra la deliberación parlamentaria, la verdadera necesidad de la comunidad y la opinión crítica de los operadores del sistema institucional.

               Es oportuno recordar que, debido a iniciativas legislativas recientes en ese país, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó un grupo para monitorear la situación en la lucha contra la corrupción en Brasil, con motivo de medidas que debilitan la actuación de las instituciones responsables de mantener la seguridad jurídica en un Estado de Derecho.

          Por fin, la FLF destaca que ese tipo de propuesta interventora de instituciones constitucionales, desafortunadamente, se está volviendo recurrente en América Latina, siendo muy preocupante que Brasil, donde hay una tradición de respeto a la independencia del Ministerio Público, con reconocidos beneficios para su sociedad civil, se encamine por el peligroso terreno de la politización y de la fragilidad de esa institución.

            Así las cosas, la FLF manifiesta su confianza en que el Poder Legislativo de Brasil preservará la necesaria autonomía e independencia del Ministerio Público en el entendimiento que constituye uno de los principales actores del cuadro institucional de ese país, garantizándole las herramientas efectivas no solo para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios o poderosos de cualquier ámbito, sino también para que asegure a la comunidad el acceso a una institución alejada de innecesarias e indebidas injerencias políticas.

              Por ello, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a las asociaciones de fiscales de Brasil, en particular a la CONAMP, en sus planteos contra la PEC 05/2021, en los términos recién presentados.

Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Tesorero: Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (Brasil)

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Perú: Jorge Vega y Juan Coya

República Dominicana: Miguel Estrella

Uruguay: Willian Rosa

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COMUNICADO

Situación Fiscales de Rosario - Argentina

15 de setiembre de 2021

 

        La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, repudia enérgicamente las amenazas de muertes sufridas por los fiscales de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, con motivo de las investigaciones que vienen llevando adelante contra el líder y los integrantes de una banda denominada “Los Monos”, la que está imputada de ser una organización criminal dedicada al narcotráfico y acusada de diversos delitos, entre ellos, varios atentados violentos a sedes judiciales.

              Dicha estructura delictiva, por medio de intolerables mensajes mediáticos, pretende amedrantar la efectiva tarea que vienen cumpliendo los fiscales, poniendo en riesgo su persona, si no liberan a su cabecilla.    

              Dichos actos, no solo resultan delitos muy graves, sino que además tienen una inusitada gravedad institucional, ya que son ataques inadmisibles a la autonomía e independencia del Ministerio Publico y a la “seguridad jurídica” que debe regir en un Estado de Derecho.

               Por ello, instamos a las autoridades gubernamentales a que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad de los magistrados, la de su familia y colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal “... que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas…” (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).

               Asimismo, exigimos que se profundicen las investigaciones a fin de individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques queden impunes.

               Así las cosas, esta institución está a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia, el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

 

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla -

Brasil:  Adriano Marco Brito de Asís.

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López.

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay:  Sandra Ledesma.

Perú:  Jorge Vega y Juan Coya

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

La Comisión Revisora de Cuentas: Fredy Gutiérrez (Perú)

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COMUNICADO

Asesinato de la Fiscal Esperanza Navas

9 de junio de 2021

 

         La Federación Latinoamericana de Fiscales manifiesta su honda preocupación y repudio por el asesinato de la Fiscal ESPERANZA NAVAS (Fiscal Seccional del Municipio de Tibú, Norte de Santander, República de Colombia) cometido de manera organizada y cobarde y nos solidarizamos con el dolor de familiares y colegas colombianos.

          El hecho es de inusitada gravedad institucional, tanto por su modalidad (nueve disparos a pocos metros de la sede de  la Fiscalía General de Tibu) como por los efectos que se producen en toda la comunidad ya que afecta la seguridad jurídica de la Republica, ya que constituye una seria amenaza a la independencia del Ministerio Público Fiscal.

          Como venimos sosteniendo, el rol del Fiscal en la lucha contra el crimen, exige que se extremen los recaudos de seguridad para él, sus colaboradores y su familia, ya que lo coloca constantemente en una posición antagónica con la delincuencia, motivo por el cual reclamamos a las autoridades el máximo esfuerzo en ese sentido.

         Esta Federación se mantendrá expectante sobre el avance de la investigación, y reclamamos el máximo esfuerzo de las autoridades para lograr el pronto esclarecimiento del hecho, a la vez que rogamos la colaboración de la población para brindar información de utilidad.

         Consideramos también, que no siendo el primer y único hecho cometido contra un fiscal, éstos sean parte del diseño de los dispositivos de seguridad, como la selección de quienes intervienen en los mismos, ya que se vienen repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando los operadores realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social.

           Por ello, esta institución está a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia, el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

          

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

 

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi, Alejandro Martí Garro y Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma

Perú: Jorge Vega y Juan Coya

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

 

La Comisión Revisora de Cuentas: Fredy Gutiérrez (Perú)

Tribunal de Honor: Mario Carreras (Chile)

COMUNICADO

Requerimiento

Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay

Caso Fiscal suspendida

06 de junio de 2021

 

                La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, quiere ratificar, una vez más, que uno de sus principales objetivos constituye la defensa de la independencia del Ministerio Público Fiscal, como así también la seguridad de los fiscales, sus colaboradores y familias.

                En consecuencia, corresponde resaltar que en las Directrices sobre la función de los fiscales, aprobadas en 1990 durante el “Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente”, contienen lineamientos destinados a garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad, y sin estar sujetos a intimidación e injerencias indebidas.

               En tal sentido, cabe indicar que uno de los principales lineamientos, en donde se pone un mayor cuidado, es el sistema de sanciones disciplinarias de los fiscales, de todos los niveles, por lo que se exige una regulación que respete las garantías constitucionales básicas de un Estado de Derecho, a fin de evitar que aquel proceso sea utilizado como un mecanismo de presión e influencia indebida sobre su labor.

             En efecto, los y las fiscales no pueden ser sometidos a procedimientos o sanciones disciplinarias que desconozcan los principios de legalidad y debido proceso.

               Por ello, todas las denuncias presentadas en contra de los fiscales deben ser tramitadas con prontitud, en procedimientos imparciales, dirigidos por un órgano independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

             En ese marco, la Federación Latinoamericana de Fiscales ve con mucha preocupación los sucesos acaecidos recientemente en la Republica de Paraguay, los que fueran informados por la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay, donde el Jurado de Enjuiciamiento impulso el proceso de una fiscal, la Dra. Fátima Capurro, al dar tratamiento a una denuncia realizada cinco años atrás, sobre la que aparentemente no se había adoptado ninguna medida de trámite trascendente.

                 Dicha situación se tornó más gravosa, al disponer el Tribunal, como medida cautelar, la suspensión de la funcionaria, sin goce de haberes, hasta tanto se lleve a cabo el enjuiciamiento, medida que no solo aparece como exagerada sino también como inoportuna, máxime que la fiscal estuvo, desde el momento de la denuncia, año 2016, cumpliendo funciones sin que se le hiciese cuestionamiento alguno y sin requerirle el descargo pertinente.

               Por ello, exhortamos a que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay tenga una prudencia especial es este caso, de modo que evite el mínimo riesgo de afectación de la presunción de inocencia; del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y el debido proceso, lo contrario, significaría un menoscabo cierto a la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal del Paraguay.

              Por último, nos ponemos a disposición Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay para cualquier acción posterior o asistencia que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal.

 

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Tesorero: Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (Brasil)

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López.

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma.

Perú: Jorge Vega y Juan Coya

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

 

La Comisión Revisora de Cuentas: Trinidad Steinert (Chile)

Tribunal de Honor: Alejandro Sevilla (Honduras)

COMUNICADO

Requerimiento

Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay

Designación de Fiscales

06 de junio de 2021

 

               La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, se ha pronunciado reiteradamente en defensa de la independencia del Ministerio Público Fiscal, lo cual implica, necesariamente, avocarse, entre otros temas, a las condiciones de servicio en la que los y las fiscales ejercen sus funciones, a nivel individual, en su trabajo de investigación y persecución de delitos.

             En ese sentido, los procesos y criterios de selección y nombramiento, como su estabilidad en el cargo, están orientados a garantizar que las personas escogidas sean las más idóneas para la tarea.

Los y las fiscales deben ser seleccionados siguiendo procedimientos transparentes, justos e imparciales y sobre la base de criterios objetivos que permitan evaluar el mérito y las capacidades de los aspirantes con base en un perfil previo, detallado y de carácter normativo.

                   Al respecto, las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales, establecen que los criterios de selección de los y las fiscales deben contener “salvaguardias contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios” que excluyan toda discriminación en contra de una persona por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, situación económica o de otra índole.

                   En base a ello, la Federación Latinoamericana de Fiscales quiere manifestar su profunda preocupación por la no confirmación en el cargo de Fiscal de los agentes Patricia Aquino y Enrique Gómez, en atención a que la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay carece de motivación y razonabilidad, convirtiendo la decisión adoptada en un acto arbitrario.

               Consecuentemente, cabe resaltar que los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados Latinoamericanos apuntan a reforzar y fortalecer los Ministerios Públicos de la región.

             En particular, la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada en el marco de la Organización de los Estados Americanos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo (ONU) contra el Crimen Organizado, ponen especial énfasis en garantizar la independencia y seguridad de los/las integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos.

              Se trata de una obligación esencial de los Estados de garantizar que los/las Agentes Fiscales puedan desempeñar sus funciones, tanto en materia de investigación como en sostener los procesos judiciales, dotados de los elementos relativos a la independencia y autonomía funcional, que están vinculados a la seguridad laboral y a la estabilidad en su cargo, económica, personal y familiar, sin tener que someterse al agrado o desagrado de personas que puedan ser investigadas o procesadas por estos.

             En este orden de cosas, se debe señalar que la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay, informó que, en la sesión del miércoles 2 de junio del corriente año, la Corte Suprema de Justicia de aquel país, decidió designar a dos nuevos postulantes para el cargo de agente fiscal, dejando afuera de la función a los Agentes Fiscales titulares Patricia Aquino y Enrique Gómez, quienes contaban con una antigüedad de 6 años en el cargo, y  de 15 y 34 años como funcionarios del sistema de justicia respectivamente, sin que tuvieran procedimientos abiertos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

               Agregaron, que la decisión adoptada por la máxima autoridad judicial careció de fundamentación para dejar sin trabajo a los citados Agentes Fiscales y se limitó a mencionar, en algunos casos, las bondades de las personas designadas, en el entendimiento que no deben justificar sus resoluciones por tratarse de una actividad administrativa y no jurisdiccional.

                Por otra parte, puntualizaron que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, sostiene que la ley vigente sólo exige que el titular del cargo ingrese a la terna correspondiente, en pie de igualdad con los otros postulantes, por lo que la elección se trata de acto de concurso y no de confirmación.

               Por último, consideran que la posición adoptada por la máxima instancia judicial del Paraguay se aparta del ideal de Justicia, en violación a los acuerdos internacionales que establecen que la estabilidad laboral de los magistrados tiene por finalidad fortalecer la independencia de función judicial, por lo que requieren un pronunciamiento de la FLF en ese sentido.

               Sentado ello, la Federación Latinoamericana de Fiscales, más allá que considera que el peculiar proceso de selección de los fiscales en Paraguay puede tener una injerencia directa en la carrera profesional del fiscal y que requiere una adecuación normativa a los principios internacionales que aseguran la independencia del Ministerio Publico Fiscal, debe advertir que toda decisión que implique la interrupción de la estabilidad en el  cargo de fiscal, impone que esa decisión este integrada con los fundamentos necesarios de todo acto de gobierno.

En un Estado de Derecho, las decisiones, en las distintas funciones estatales, aun en una situación de emergencia, deben ser motivadas, esto es, justificado en razones objetivas y lógicas, porque de lo contrario, deben ser tachadas de arbitrarias, mucho más cuando se trata de la suplantación de un funcionario y que puede afectar indirectamente la probidad y dignidad del sustituido.

                  No confirmar a un Agente Fiscal en su cargo, cuando no hay razón alguna para no hacerlo, es tan grave como apartarlo sin motivación.  Todo el sistema de justicia quedará expuesto a especulaciones y provocará, no solo el debilitamiento del mismo, sino también el vaciamiento del Ministerio Público, ya que nadie querrá, ni podrá, combatir el crimen organizado y la corrupción sin correr el riesgo de ser apartado de su función o no confirmado, sin recibir explicación alguna y desconociendo los motivos jurídicos, ya que no se cumple con la fundamentación exigida a todo órgano republicano y a todo acto administrativo emanado de ellos, en el caso en cuestión específicamente por la Constitución y la Ley N° 6299/2019 en su Art. 3.

Así las cosas, exhortamos a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que adecue sus procedimientos de selección de los fiscales para evitar cualquier mínimo agravio a la persona del fiscal remplazado, ante el secretismo de las razones de su apartamiento, y por ello haciendo lugar al apoyo solicitado se revierta la decisión adoptada respecto de los agentes Aquino y Gómez.

                 Por último, nos ponemos a disposición de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay para cualquier acción posterior o asistencia que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal.

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

Vocales:

Argentina: Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López.

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez y Miguel Estrella

Paraguay: Sandra Ledesma.

Perú: Jorge Vega y Juan Coya

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

 

La Comisión Revisora de Cuentas: Trinidad Steinert (Chile)

Tribunal de Honor: Alejandro Sevilla (Honduras)

FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  4 de mayo 2021

PREOCUPACIÓN POR INTENTO DE REFORMA DE LA LEY PROCESAL

                La Federación Latinoamericana de Fiscales manifiesta su profunda preocupación ante la pretensión del Poder Legislativo brasileño de modificar el Código Procesal Penal de ese país, de manera inconsulta y retaceando las facultades al Ministerio Publico, lo que puede poner en riesgo la eficacia y la independencia de la tarea de los fiscales.

              En efecto, la CONAMP resalto que debido al grave momento que atraviesa Brasil, y el mundo, por la pandemia de Covid-19, no se reúnen las condiciones objetivas que permitan una concreta participación de los diferentes sectores de la sociedad (profesionales, académicos, etc.) en la discusión de un tema tan vital para el presente y el futuro de Brasil.

                 Al respecto, consideramos que es sumamente importante que aquel debate tenga lugar en un ambiente de normalidad, donde el funcionamiento de las instituciones garantice una integral intervención, lo que, por ahora, no se verifica. De no ser así, existe la posibilidad que se produzca una disociación entra la deliberación parlamentaria y la verdadera necesidad de la comunidad y la opinión crítica de los operadores del sistema procesal.

Por otra parte, la propuesta legislativa, entre otros puntos preocupantes, tiende a debilitar la acción de los fiscales en el proceso penal, retirándole parte de su competencia para conducir investigaciones penales, en especial en los asuntos criminales más relevantes que afectan a la sociedad de Brasil

           Actualmente, existe un importante número de causas penales que no logran ser resueltas satisfactoriamente, lo que permite pronosticar que, al debilitar las facultades del Ministerio Público para investigar delitos, no solo habrá un empeoramiento de esas estadísticas, sino que también facilitará la impunidad de la delincuencia organizada y de los sectores delictivos con gran poder económico.

              Además, los términos de la propuesta legislativa en modo alguno garantizan una posición equilibrada, entre las garantías de los investigados y procesados con los derechos de las víctimas. Esa visión no está alineada con las reiteradas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ya tuvo la oportunidad de destacar las fallas del sistema institucional brasileño para dar las respuestas adecuadas a las víctimas de los delitos.

             En este orden de ideas, cabe observar que el proyecto de ley pone en riesgo la eficacia y eficiencia del control externo ejercido por el Ministerio Público sobre las actividades de policía judiciaria, al prever la existencia de una especie de procedimiento previo de investigación policial, conducido sin la observancia de formalidades exigidas que aseguren el respeto de los derechos fundamentales de las personas en general.

              En ese marco, surge como totalmente impropia la facultad de la policía judiciaria de recurrir las decisiones de archivo del Ministerio Público, extremo que no se condice con el sistema acusatorio y la condición de dominus litis de los fiscales en el proceso penal.

          La CONAMP advirtió que con la aparente intención de proporcionar mayor posibilidad de defensa a los investigados o encausados, la propuesta de nuevo Código, en realidad, establece situaciones de bloqueo a la actuación investigativa del Ministerio Público y burocratiza excesivamente el desarrollo de la fase preliminar al juicio. En ese punto, se debe destacar que el Ministerio Público, en todos los sistemas jurídicos democráticos, armoniza su condición de parte que promueve la acusación con la de fiscal del orden jurídico y, por lo tanto, obligado a preservar las garantías procesales de todos los ciudadanos.

           Además, recordó que, recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó un grupo para monitorear la situación en la lucha contra la corrupción en Brasil, con motivo de medidas que debilitan la actuación de las instituciones responsables de mantener la seguridad jurídica en un Estado de Derecho.

               Así las cosas, la FLF manifiesta su confianza en que el Poder Legislativo de Brasil preservara la necesaria autonomía e independencia del Ministerio Público en el entendimiento que constituye uno de los principales actores del proceso penal, garantizándole las herramientas efectivas no solo para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino también para que asegure a la comunidad el acceso a una justicia imparcial, en especial conteniendo a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.

                 Por ello, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a las asociaciones de fiscales de Brasil, en particular a la CONAMP, en sus planteos contra la reforma del CPP en los términos recién presentados.

               Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Tesorero: Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (Brasil)

Protesorero: Claudio Uribe (Chile)

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla

Brasil:  Adriano Marco Brito de Asís.

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López.

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma.

Perú: Jorge Vega

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

La Comisión Revisora de Cuentas: Trinidad Steinert (Chile)

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FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  6 de abril 2021

Tratamiento de las Conclusiones del Encuentro Internacional sobre “POLITICAS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL CON PERPECTIVA DE GENERO”

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FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  5 de marzo 2021

 

                La Federación Latinoamericana de Fiscales, manifiesta su profunda preocupación ante la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región, de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen que la "independencia judicial” constituye un derecho humano, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

            En efecto, la autonomía en las instituciones de procuración de justicia no solo es necesaria para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino que fue establecida para garantizar a la comunidad el derecho de acceso a una justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.

        Por ello, la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la Republica, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder.

              La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de justicia. 

              Dicha garantía, en modo alguno implica la imposibilidad de auditar, por parte de los otros poderes estatales, la calidad de la función jurisdiccional, ya que impone, entre otras cosas, la necesidad de una regulación estatal, con criterios objetivos e imparciales en el sistema sancionatorio de los operadores, que contengan y respeten la autonomía e independencia individual de cada fiscal.

           En ese marco, recientemente en la República Argentina se ha observado proyectos legislativos que crean una incertidumbre sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales, ya que intentan conformar organismos de juzgamiento con un tilde mayoritariamente político, desobedeciendo el mandato constitucional de no injerencia en la función jurisdiccional, llegando al extremo de plantear la posible conformación de comisiones parlamentarias especiales con facultades disciplinarias sobre los jueces y fiscales.

              Todo eso sucede en un contexto de descalificación constante por parte de autoridades oficiales de los actores judiciales, sin que se plasmen esos reclamos en los ámbitos institucionales pertinentes y previstos legalmente para el juzgamiento de los jueces y fiscales, generando una mayor desconfianza pública en la administración de justicia.

              Además, entre otras reformas legislativas, se pretende menguar el respaldo institucional del Procurador General de la Nación, al reformar la ley que requería el voto de los tercios de los miembros del Senado para su designación, estableciendo como suficiente una mayoría simple de votos,

               Consecuentemente, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a las asociaciones de fiscales de Argentina en sus planteos contra la reforma judicial, e invitándolas a ocurrir ante organismos internacionales de protección de derechos humanos para el caso de que se efectivicen los avasallamientos a la independencia judicial.

         Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

​Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina – AFFUN)
Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)
Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina – AFFUN)
Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina – AAF)
Protesorero: Claudio Uribe (Chile)
Vocales:
Argentina: María Fernanda Poggi (AFFUN) y Sebastián Videla (AAF);
Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.
Guatemala: Max López.
Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez
Paraguay: Sandra Ledesma.
Perú: Jorge Vega y Juan Coya
Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa
Tribunal de Honor: Mario Carrera (Chile) y Alejandro Sevilla (Honduras)
Comisión Revisora de Cuentas: Fátima Capurro (Paraguay)-

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FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  22 de enero 2021

Tratamiento presentación de Miguel A. Toma Sanchis

A los veintidós días del mes de enero de 2021, se labra la presente acta al solo efecto de dejar constancia que, en el día de la fecha, el Comité Ejecutivo de la FLF, en reunión virtual (en la que intervinieron la Presidente Susana Pernas, el Vicepresidente Primero Ronald Segura, el Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos; Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona; el Protesorero: Claudio Uribe; el Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo, los Vocales Fernanda Poggi, Sebastián Videla, Max López, Sandra Ledesma Brenda Puppo y Willian Rosa; los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas: Fredy Gutiérrez y Fátima Capurro);  tomo conocimiento, por medio de la Secretaria General, de la presentación efectuada, el 19 de enero del corriente año, por el Dr. Miguel Ángel TOMA SANCHIS, en donde expuso su denuncia en contra del Poder Ejecutivo del Uruguay por ser víctima de persecución política en su carácter de titular de la Fiscalía de Gobierno de 2° Turno en la República Oriental del Uruguay, solicitando que esta entidad estudie su caso y emita una declaración al respecto.

En ese marco, a requerimiento de la Presidencia, el Dr. Willian Rosa presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), informo que el organismo que integra el presentante corresponde a la órbita del Poder Ejecutivo, por lo que constituye un cargo político, ajeno al ámbito del Ministerio Publico Fiscal, resaltando que los hechos denunciados tienen vinculación con su tarea anterior como Secretario de la Presidencia de la Nación.

Consecuentemente, previo análisis de la  documentación aportada, el Comité resolvió, de manera unánime, hacer saber al Dr. Toma Sanchis que el  art. 2 del Estatuto de esta entidad circunscribe el objeto societario en  promover, garantizar y defender la más absoluta autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal, con respecto a los otros Poderes del Estado, Partidos Políticos, Sindicatos, Grupos de Interés o Factores de Presión, cuando desarrolla la función jurisdiccional, como titular de la  acción  pública para perseguir los delitos, por lo que resulta improcedente expedirse en el caso planteado, no solo porque el accionante presta servicio en la órbita del Poder Ejecutivo del estado uruguayo, sino porque además, existe la posibilidad que los citados planteos individuales  sean analizados  en causas judiciales, entendiendo que debe  recurrir a la instancias legales respectivas. En consecuencia, se dispone que se hagan las comunicaciones pertinentes de manera inmediata. No existiendo otras propuestas, se dio por concluido el acto, firmando la Presidente y el Secretario General para dar fe.

 

SUSANA PERNAS

Presidente

 

RICARDO RAFAEL TORANZOS

Secretario General

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COMUNICADO - DICIEMBRE 30 - 2020

                    LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE FISCALES repudia enérgicamente las amenazas sufridas por nuestra colega de la República Argentina, la Dra. Pamela Michlig, Auxiliar Fiscal Federal de la ciudad de Sáenz Peña, Provincia del Chaco, con motivo de la investigación  lleva a delante, junto a un equipo de fiscales, en una causa denominada “Carbón Blanco”, donde se desbarato una organización criminal trasnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. 

               Dicho acto, no solo constituye un ataque personal a la Fiscal, sino a los principios propios de una República, por lo que es evidente su gravedad institucional.

                Por ello, instamos a las autoridades  gubernamentales que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad  de la Dra. Michlig, la de su familia y la de sus colegas y colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal  “… que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas”… (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas  sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).

                   Asimismo, exigimos que  se profundicen las investigaciones a fin de individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques queden impunes.

                     En este sentido, esta Federación quiere reiterar su profunda preocupación, ante una situación que se viene repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando se realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, que se pretende atacar las investigaciones judiciales desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial la de los fiscales que asumen un rol trascendente en aquellas actuaciones.

                    Por ello, esta institución está a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia,  el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

                       FLF, 30 de diciembre de 2020

 

Susana PERNAS

Presidenta

 

Ricardo Rafael TORANZOS

Secretario General 

 

Marcelo VARONA QUINTIAN

Secretario de Relaciones Exteriores                   

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COMUNICADO - OCTUBRE 23 - 2020

                    La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, quiere manifestar su profunda preocupación, ante una situación que se viene repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando se realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, que se pretende atacar las investigaciones judiciales desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial la de los fiscales que asumen un rol trascendente en las investigaciones, sin que esos cuestionamientos se plasmen o tengan éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial o de impugnación. 

                 En ese marco, hemos observado que en los últimos tiempos en la Republica del Uruguay, varios fiscales se vieron mencionados, tanto en el ámbito parlamentario como en artículos mediáticos, por autoridades políticas, adjudicándoles intenciones parciales y hasta delictivas, fundándose en datos que no fueron sometidos a un  previo y lógico tamiz de verosimilitud, lo que permite sospechar que existe una aparente intención de contaminar la investigación que aquellos tienen a su cargo sobre importantes e históricos hechos en violación a los derechos humanos en su país. 

                   Por ello, exhortamos a una prudencia especial, tanto a los órganos oficiales como a la comunidad toda, debiendo esperar que los estrados judiciales competentes se expidan antes de sacar cualquier conclusión o pretender afectar los procesos en marcha, lo contrario, significaría poner en riesgo los principios republicanos de la Nación Uruguaya, ya que estas presiones tratan de afectar directamente la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal. 

                Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de los establecido en el orden constitucional y en las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio. 

                   Por último, nos ponemos a disposición Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay para cualquier acción posterior o asistencia que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal. 

 

Susana Pernas 

Presidente 

 

Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario General 

 

Marcelo Varona Quintian  

Secretario de Relaciones Exteriores 

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COMUNICADO - JULIO 24 - 2020

          La Federación Latinoamericana de Fiscales hace llegar su solidaridad a nuestro colega de la República de Paraguay, Dr. Juan Olmedo, agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Contrabando, quien ha sido víctima de actos de amedrentamiento y amenazas con motivo de una investigación que se encuentra realizando en ejercicio de sus funciones.

Dicho acto, no solo constituye un ataque personal a la persona del Fiscal.  sino a los principios propios de una República.

         Por ello, instamos a las autoridades gubernamentales que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad del Dr. Olmedo, la de su familia y la de sus colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal “… que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, o injerencias indebidas…” (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).

Asimismo, exigimos que se profundicen las investigaciones a fin individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques queden impunes.

           Por lo demás, es pertinente resaltar que este tipo de situaciones vienen reiterándose en el ámbito de diversas jurisdicciones de la región, por lo que esta Federación se pone a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia,  el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

Susana Pernas 

Presidente 

 

Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario General 

 

Marcelo Varona Quintian  

Secretario de Relaciones Exteriores