Comunicados de la Federación Latinoamericana de Fiscales, respecto a cuestiones de importancia para el ejercicio del rol fiscal, y garantías que deben serle aseguradas, como ser su independencia, seguridad personal y de su familia, y demás aspectos relativos al ejercicio del cargo. 

COMUNICADO

Situación Fiscales de Rosario - Argentina

15 de setiembre de 2021

 

        La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, repudia enérgicamente las amenazas de muertes sufridas por los fiscales de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, con motivo de las investigaciones que vienen llevando adelante contra el líder y los integrantes de una banda denominada “Los Monos”, la que está imputada de ser una organización criminal dedicada al narcotráfico y acusada de diversos delitos, entre ellos, varios atentados violentos a sedes judiciales.

              Dicha estructura delictiva, por medio de intolerables mensajes mediáticos, pretende amedrantar la efectiva tarea que vienen cumpliendo los fiscales, poniendo en riesgo su persona, si no liberan a su cabecilla.    

              Dichos actos, no solo resultan delitos muy graves, sino que además tienen una inusitada gravedad institucional, ya que son ataques inadmisibles a la autonomía e independencia del Ministerio Publico y a la “seguridad jurídica” que debe regir en un Estado de Derecho.

               Por ello, instamos a las autoridades gubernamentales a que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad de los magistrados, la de su familia y colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal “... que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas…” (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).

               Asimismo, exigimos que se profundicen las investigaciones a fin de individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques queden impunes.

               Así las cosas, esta institución está a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia, el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

 

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla -

Brasil:  Adriano Marco Brito de Asís.

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López.

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay:  Sandra Ledesma.

Perú:  Jorge Vega y Juan Coya

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

La Comisión Revisora de Cuentas: Fredy Gutiérrez (Perú)

COMUNICADO

Asesinato de la Fiscal Esperanza Navas

9 de junio de 2021

 

         La Federación Latinoamericana de Fiscales manifiesta su honda preocupación y repudio por el asesinato de la Fiscal ESPERANZA NAVAS (Fiscal Seccional del Municipio de Tibú, Norte de Santander, República de Colombia) cometido de manera organizada y cobarde y nos solidarizamos con el dolor de familiares y colegas colombianos.

          El hecho es de inusitada gravedad institucional, tanto por su modalidad (nueve disparos a pocos metros de la sede de  la Fiscalía General de Tibu) como por los efectos que se producen en toda la comunidad ya que afecta la seguridad jurídica de la Republica, ya que constituye una seria amenaza a la independencia del Ministerio Público Fiscal.

          Como venimos sosteniendo, el rol del Fiscal en la lucha contra el crimen, exige que se extremen los recaudos de seguridad para él, sus colaboradores y su familia, ya que lo coloca constantemente en una posición antagónica con la delincuencia, motivo por el cual reclamamos a las autoridades el máximo esfuerzo en ese sentido.

         Esta Federación se mantendrá expectante sobre el avance de la investigación, y reclamamos el máximo esfuerzo de las autoridades para lograr el pronto esclarecimiento del hecho, a la vez que rogamos la colaboración de la población para brindar información de utilidad.

         Consideramos también, que no siendo el primer y único hecho cometido contra un fiscal, éstos sean parte del diseño de los dispositivos de seguridad, como la selección de quienes intervienen en los mismos, ya que se vienen repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando los operadores realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social.

           Por ello, esta institución está a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia, el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

          

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

 

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi, Alejandro Martí Garro y Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma

Perú: Jorge Vega y Juan Coya

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

 

La Comisión Revisora de Cuentas: Fredy Gutiérrez (Perú)

Tribunal de Honor: Mario Carreras (Chile)

COMUNICADO

Requerimiento

Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay

Caso Fiscal suspendida

06 de junio de 2021

 

                La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, quiere ratificar, una vez más, que uno de sus principales objetivos constituye la defensa de la independencia del Ministerio Público Fiscal, como así también la seguridad de los fiscales, sus colaboradores y familias.

                En consecuencia, corresponde resaltar que en las Directrices sobre la función de los fiscales, aprobadas en 1990 durante el “Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente”, contienen lineamientos destinados a garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones con imparcialidad y objetividad, y sin estar sujetos a intimidación e injerencias indebidas.

               En tal sentido, cabe indicar que uno de los principales lineamientos, en donde se pone un mayor cuidado, es el sistema de sanciones disciplinarias de los fiscales, de todos los niveles, por lo que se exige una regulación que respete las garantías constitucionales básicas de un Estado de Derecho, a fin de evitar que aquel proceso sea utilizado como un mecanismo de presión e influencia indebida sobre su labor.

             En efecto, los y las fiscales no pueden ser sometidos a procedimientos o sanciones disciplinarias que desconozcan los principios de legalidad y debido proceso.

               Por ello, todas las denuncias presentadas en contra de los fiscales deben ser tramitadas con prontitud, en procedimientos imparciales, dirigidos por un órgano independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

             En ese marco, la Federación Latinoamericana de Fiscales ve con mucha preocupación los sucesos acaecidos recientemente en la Republica de Paraguay, los que fueran informados por la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay, donde el Jurado de Enjuiciamiento impulso el proceso de una fiscal, la Dra. Fátima Capurro, al dar tratamiento a una denuncia realizada cinco años atrás, sobre la que aparentemente no se había adoptado ninguna medida de trámite trascendente.

                 Dicha situación se tornó más gravosa, al disponer el Tribunal, como medida cautelar, la suspensión de la funcionaria, sin goce de haberes, hasta tanto se lleve a cabo el enjuiciamiento, medida que no solo aparece como exagerada sino también como inoportuna, máxime que la fiscal estuvo, desde el momento de la denuncia, año 2016, cumpliendo funciones sin que se le hiciese cuestionamiento alguno y sin requerirle el descargo pertinente.

               Por ello, exhortamos a que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay tenga una prudencia especial es este caso, de modo que evite el mínimo riesgo de afectación de la presunción de inocencia; del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y el debido proceso, lo contrario, significaría un menoscabo cierto a la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal del Paraguay.

              Por último, nos ponemos a disposición Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay para cualquier acción posterior o asistencia que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal.

 

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Tesorero: Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (Brasil)

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López.

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma.

Perú: Jorge Vega y Juan Coya

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

 

La Comisión Revisora de Cuentas: Trinidad Steinert (Chile)

Tribunal de Honor: Alejandro Sevilla (Honduras)

COMUNICADO

Requerimiento

Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay

Designación de Fiscales

06 de junio de 2021

 

               La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, se ha pronunciado reiteradamente en defensa de la independencia del Ministerio Público Fiscal, lo cual implica, necesariamente, avocarse, entre otros temas, a las condiciones de servicio en la que los y las fiscales ejercen sus funciones, a nivel individual, en su trabajo de investigación y persecución de delitos.

             En ese sentido, los procesos y criterios de selección y nombramiento, como su estabilidad en el cargo, están orientados a garantizar que las personas escogidas sean las más idóneas para la tarea.

Los y las fiscales deben ser seleccionados siguiendo procedimientos transparentes, justos e imparciales y sobre la base de criterios objetivos que permitan evaluar el mérito y las capacidades de los aspirantes con base en un perfil previo, detallado y de carácter normativo.

                   Al respecto, las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales, establecen que los criterios de selección de los y las fiscales deben contener “salvaguardias contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios” que excluyan toda discriminación en contra de una persona por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, situación económica o de otra índole.

                   En base a ello, la Federación Latinoamericana de Fiscales quiere manifestar su profunda preocupación por la no confirmación en el cargo de Fiscal de los agentes Patricia Aquino y Enrique Gómez, en atención a que la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay carece de motivación y razonabilidad, convirtiendo la decisión adoptada en un acto arbitrario.

               Consecuentemente, cabe resaltar que los compromisos asumidos internacionalmente por los Estados Latinoamericanos apuntan a reforzar y fortalecer los Ministerios Públicos de la región.

             En particular, la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada en el marco de la Organización de los Estados Americanos como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo (ONU) contra el Crimen Organizado, ponen especial énfasis en garantizar la independencia y seguridad de los/las integrantes de los poderes judiciales y ministerios públicos.

              Se trata de una obligación esencial de los Estados de garantizar que los/las Agentes Fiscales puedan desempeñar sus funciones, tanto en materia de investigación como en sostener los procesos judiciales, dotados de los elementos relativos a la independencia y autonomía funcional, que están vinculados a la seguridad laboral y a la estabilidad en su cargo, económica, personal y familiar, sin tener que someterse al agrado o desagrado de personas que puedan ser investigadas o procesadas por estos.

             En este orden de cosas, se debe señalar que la Asociación de Agentes Fiscales de Paraguay, informó que, en la sesión del miércoles 2 de junio del corriente año, la Corte Suprema de Justicia de aquel país, decidió designar a dos nuevos postulantes para el cargo de agente fiscal, dejando afuera de la función a los Agentes Fiscales titulares Patricia Aquino y Enrique Gómez, quienes contaban con una antigüedad de 6 años en el cargo, y  de 15 y 34 años como funcionarios del sistema de justicia respectivamente, sin que tuvieran procedimientos abiertos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

               Agregaron, que la decisión adoptada por la máxima autoridad judicial careció de fundamentación para dejar sin trabajo a los citados Agentes Fiscales y se limitó a mencionar, en algunos casos, las bondades de las personas designadas, en el entendimiento que no deben justificar sus resoluciones por tratarse de una actividad administrativa y no jurisdiccional.

                Por otra parte, puntualizaron que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, sostiene que la ley vigente sólo exige que el titular del cargo ingrese a la terna correspondiente, en pie de igualdad con los otros postulantes, por lo que la elección se trata de acto de concurso y no de confirmación.

               Por último, consideran que la posición adoptada por la máxima instancia judicial del Paraguay se aparta del ideal de Justicia, en violación a los acuerdos internacionales que establecen que la estabilidad laboral de los magistrados tiene por finalidad fortalecer la independencia de función judicial, por lo que requieren un pronunciamiento de la FLF en ese sentido.

               Sentado ello, la Federación Latinoamericana de Fiscales, más allá que considera que el peculiar proceso de selección de los fiscales en Paraguay puede tener una injerencia directa en la carrera profesional del fiscal y que requiere una adecuación normativa a los principios internacionales que aseguran la independencia del Ministerio Publico Fiscal, debe advertir que toda decisión que implique la interrupción de la estabilidad en el  cargo de fiscal, impone que esa decisión este integrada con los fundamentos necesarios de todo acto de gobierno.

En un Estado de Derecho, las decisiones, en las distintas funciones estatales, aun en una situación de emergencia, deben ser motivadas, esto es, justificado en razones objetivas y lógicas, porque de lo contrario, deben ser tachadas de arbitrarias, mucho más cuando se trata de la suplantación de un funcionario y que puede afectar indirectamente la probidad y dignidad del sustituido.

                  No confirmar a un Agente Fiscal en su cargo, cuando no hay razón alguna para no hacerlo, es tan grave como apartarlo sin motivación.  Todo el sistema de justicia quedará expuesto a especulaciones y provocará, no solo el debilitamiento del mismo, sino también el vaciamiento del Ministerio Público, ya que nadie querrá, ni podrá, combatir el crimen organizado y la corrupción sin correr el riesgo de ser apartado de su función o no confirmado, sin recibir explicación alguna y desconociendo los motivos jurídicos, ya que no se cumple con la fundamentación exigida a todo órgano republicano y a todo acto administrativo emanado de ellos, en el caso en cuestión específicamente por la Constitución y la Ley N° 6299/2019 en su Art. 3.

Así las cosas, exhortamos a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que adecue sus procedimientos de selección de los fiscales para evitar cualquier mínimo agravio a la persona del fiscal remplazado, ante el secretismo de las razones de su apartamiento, y por ello haciendo lugar al apoyo solicitado se revierta la decisión adoptada respecto de los agentes Aquino y Gómez.

                 Por último, nos ponemos a disposición de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay para cualquier acción posterior o asistencia que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal.

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Presidente de la Asociación de Agentes Fiscales: Augusto Salas (Paraguay)

Presidente de la Asociación de Fiscales: Francisco Bravo (Chile)

Vocales:

Argentina: Sebastián Videla

Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.

Chile: Erika Vargas López

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López.

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez y Miguel Estrella

Paraguay: Sandra Ledesma.

Perú: Jorge Vega y Juan Coya

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

 

La Comisión Revisora de Cuentas: Trinidad Steinert (Chile)

Tribunal de Honor: Alejandro Sevilla (Honduras)

FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  4 de mayo 2021

PREOCUPACIÓN POR INTENTO DE REFORMA DE LA LEY PROCESAL

                La Federación Latinoamericana de Fiscales manifiesta su profunda preocupación ante la pretensión del Poder Legislativo brasileño de modificar el Código Procesal Penal de ese país, de manera inconsulta y retaceando las facultades al Ministerio Publico, lo que puede poner en riesgo la eficacia y la independencia de la tarea de los fiscales.

              En efecto, la CONAMP resalto que debido al grave momento que atraviesa Brasil, y el mundo, por la pandemia de Covid-19, no se reúnen las condiciones objetivas que permitan una concreta participación de los diferentes sectores de la sociedad (profesionales, académicos, etc.) en la discusión de un tema tan vital para el presente y el futuro de Brasil.

                 Al respecto, consideramos que es sumamente importante que aquel debate tenga lugar en un ambiente de normalidad, donde el funcionamiento de las instituciones garantice una integral intervención, lo que, por ahora, no se verifica. De no ser así, existe la posibilidad que se produzca una disociación entra la deliberación parlamentaria y la verdadera necesidad de la comunidad y la opinión crítica de los operadores del sistema procesal.

Por otra parte, la propuesta legislativa, entre otros puntos preocupantes, tiende a debilitar la acción de los fiscales en el proceso penal, retirándole parte de su competencia para conducir investigaciones penales, en especial en los asuntos criminales más relevantes que afectan a la sociedad de Brasil

           Actualmente, existe un importante número de causas penales que no logran ser resueltas satisfactoriamente, lo que permite pronosticar que, al debilitar las facultades del Ministerio Público para investigar delitos, no solo habrá un empeoramiento de esas estadísticas, sino que también facilitará la impunidad de la delincuencia organizada y de los sectores delictivos con gran poder económico.

              Además, los términos de la propuesta legislativa en modo alguno garantizan una posición equilibrada, entre las garantías de los investigados y procesados con los derechos de las víctimas. Esa visión no está alineada con las reiteradas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ya tuvo la oportunidad de destacar las fallas del sistema institucional brasileño para dar las respuestas adecuadas a las víctimas de los delitos.

             En este orden de ideas, cabe observar que el proyecto de ley pone en riesgo la eficacia y eficiencia del control externo ejercido por el Ministerio Público sobre las actividades de policía judiciaria, al prever la existencia de una especie de procedimiento previo de investigación policial, conducido sin la observancia de formalidades exigidas que aseguren el respeto de los derechos fundamentales de las personas en general.

              En ese marco, surge como totalmente impropia la facultad de la policía judiciaria de recurrir las decisiones de archivo del Ministerio Público, extremo que no se condice con el sistema acusatorio y la condición de dominus litis de los fiscales en el proceso penal.

          La CONAMP advirtió que con la aparente intención de proporcionar mayor posibilidad de defensa a los investigados o encausados, la propuesta de nuevo Código, en realidad, establece situaciones de bloqueo a la actuación investigativa del Ministerio Público y burocratiza excesivamente el desarrollo de la fase preliminar al juicio. En ese punto, se debe destacar que el Ministerio Público, en todos los sistemas jurídicos democráticos, armoniza su condición de parte que promueve la acusación con la de fiscal del orden jurídico y, por lo tanto, obligado a preservar las garantías procesales de todos los ciudadanos.

           Además, recordó que, recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó un grupo para monitorear la situación en la lucha contra la corrupción en Brasil, con motivo de medidas que debilitan la actuación de las instituciones responsables de mantener la seguridad jurídica en un Estado de Derecho.

               Así las cosas, la FLF manifiesta su confianza en que el Poder Legislativo de Brasil preservara la necesaria autonomía e independencia del Ministerio Público en el entendimiento que constituye uno de los principales actores del proceso penal, garantizándole las herramientas efectivas no solo para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino también para que asegure a la comunidad el acceso a una justicia imparcial, en especial conteniendo a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.

                 Por ello, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a las asociaciones de fiscales de Brasil, en particular a la CONAMP, en sus planteos contra la reforma del CPP en los términos recién presentados.

               Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina)

Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)

Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina)

Secretario Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina)

Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo (República Dominicana)

Tesorero: Manoel Victor Sereni Murrieta e Tavares (Brasil)

Protesorero: Claudio Uribe (Chile)

Vocales:

Argentina: María Fernanda Poggi y Sebastián Videla

Brasil:  Adriano Marco Brito de Asís.

Colombia: Zayra Rodríguez

Guatemala: Max López.

Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez

Paraguay: Sandra Ledesma.

Perú: Jorge Vega

Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa

La Comisión Revisora de Cuentas: Trinidad Steinert (Chile)

-------------------------------------------------------------------------------------

FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  5 de marzo 2021

 

                La Federación Latinoamericana de Fiscales, manifiesta su profunda preocupación ante la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región, de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen que la "independencia judicial” constituye un derecho humano, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

            En efecto, la autonomía en las instituciones de procuración de justicia no solo es necesaria para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino que fue establecida para garantizar a la comunidad el derecho de acceso a una justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.

        Por ello, la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la Republica, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder.

              La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de justicia. 

              Dicha garantía, en modo alguno implica la imposibilidad de auditar, por parte de los otros poderes estatales, la calidad de la función jurisdiccional, ya que impone, entre otras cosas, la necesidad de una regulación estatal, con criterios objetivos e imparciales en el sistema sancionatorio de los operadores, que contengan y respeten la autonomía e independencia individual de cada fiscal.

           En ese marco, recientemente en la República Argentina se ha observado proyectos legislativos que crean una incertidumbre sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales, ya que intentan conformar organismos de juzgamiento con un tilde mayoritariamente político, desobedeciendo el mandato constitucional de no injerencia en la función jurisdiccional, llegando al extremo de plantear la posible conformación de comisiones parlamentarias especiales con facultades disciplinarias sobre los jueces y fiscales.

              Todo eso sucede en un contexto de descalificación constante por parte de autoridades oficiales de los actores judiciales, sin que se plasmen esos reclamos en los ámbitos institucionales pertinentes y previstos legalmente para el juzgamiento de los jueces y fiscales, generando una mayor desconfianza pública en la administración de justicia.

              Además, entre otras reformas legislativas, se pretende menguar el respaldo institucional del Procurador General de la Nación, al reformar la ley que requería el voto de los tercios de los miembros del Senado para su designación, estableciendo como suficiente una mayoría simple de votos,

               Consecuentemente, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a las asociaciones de fiscales de Argentina en sus planteos contra la reforma judicial, e invitándolas a ocurrir ante organismos internacionales de protección de derechos humanos para el caso de que se efectivicen los avasallamientos a la independencia judicial.

         Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

​Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina – AFFUN)
Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)
Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina – AFFUN)
Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina – AAF)
Protesorero: Claudio Uribe (Chile)
Vocales:
Argentina: María Fernanda Poggi (AFFUN) y Sebastián Videla (AAF);
Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.
Guatemala: Max López.
Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez
Paraguay: Sandra Ledesma.
Perú: Jorge Vega y Juan Coya
Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa
Tribunal de Honor: Mario Carrera (Chile) y Alejandro Sevilla (Honduras)
Comisión Revisora de Cuentas: Fátima Capurro (Paraguay)-

-------------------------------------------------------------------------------------

FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  6 de abril 2021

Tratamiento de las Conclusiones del Encuentro Internacional sobre “POLITICAS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL CON PERPECTIVA DE GENERO”

-------------------------------------------------------------------------------------

 

FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  22 de enero 2021

Tratamiento presentación de Miguel A. Toma Sanchis

A los veintidós días del mes de enero de 2021, se labra la presente acta al solo efecto de dejar constancia que, en el día de la fecha, el Comité Ejecutivo de la FLF, en reunión virtual (en la que intervinieron la Presidente Susana Pernas, el Vicepresidente Primero Ronald Segura, el Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos; Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona; el Protesorero: Claudio Uribe; el Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo, los Vocales Fernanda Poggi, Sebastián Videla, Max López, Sandra Ledesma Brenda Puppo y Willian Rosa; los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas: Fredy Gutiérrez y Fátima Capurro);  tomo conocimiento, por medio de la Secretaria General, de la presentación efectuada, el 19 de enero del corriente año, por el Dr. Miguel Ángel TOMA SANCHIS, en donde expuso su denuncia en contra del Poder Ejecutivo del Uruguay por ser víctima de persecución política en su carácter de titular de la Fiscalía de Gobierno de 2° Turno en la República Oriental del Uruguay, solicitando que esta entidad estudie su caso y emita una declaración al respecto.

En ese marco, a requerimiento de la Presidencia, el Dr. Willian Rosa presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), informo que el organismo que integra el presentante corresponde a la órbita del Poder Ejecutivo, por lo que constituye un cargo político, ajeno al ámbito del Ministerio Publico Fiscal, resaltando que los hechos denunciados tienen vinculación con su tarea anterior como Secretario de la Presidencia de la Nación.

Consecuentemente, previo análisis de la  documentación aportada, el Comité resolvió, de manera unánime, hacer saber al Dr. Toma Sanchis que el  art. 2 del Estatuto de esta entidad circunscribe el objeto societario en  promover, garantizar y defender la más absoluta autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal, con respecto a los otros Poderes del Estado, Partidos Políticos, Sindicatos, Grupos de Interés o Factores de Presión, cuando desarrolla la función jurisdiccional, como titular de la  acción  pública para perseguir los delitos, por lo que resulta improcedente expedirse en el caso planteado, no solo porque el accionante presta servicio en la órbita del Poder Ejecutivo del estado uruguayo, sino porque además, existe la posibilidad que los citados planteos individuales  sean analizados  en causas judiciales, entendiendo que debe  recurrir a la instancias legales respectivas. En consecuencia, se dispone que se hagan las comunicaciones pertinentes de manera inmediata. No existiendo otras propuestas, se dio por concluido el acto, firmando la Presidente y el Secretario General para dar fe.

 

SUSANA PERNAS

Presidente

 

RICARDO RAFAEL TORANZOS

Secretario General

------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICADO - DICIEMBRE 30 - 2020

                    LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE FISCALES repudia enérgicamente las amenazas sufridas por nuestra colega de la República Argentina, la Dra. Pamela Michlig, Auxiliar Fiscal Federal de la ciudad de Sáenz Peña, Provincia del Chaco, con motivo de la investigación  lleva a delante, junto a un equipo de fiscales, en una causa denominada “Carbón Blanco”, donde se desbarato una organización criminal trasnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. 

               Dicho acto, no solo constituye un ataque personal a la Fiscal, sino a los principios propios de una República, por lo que es evidente su gravedad institucional.

                Por ello, instamos a las autoridades  gubernamentales que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad  de la Dra. Michlig, la de su familia y la de sus colegas y colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal  “… que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas”… (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas  sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).

                   Asimismo, exigimos que  se profundicen las investigaciones a fin de individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques queden impunes.

                     En este sentido, esta Federación quiere reiterar su profunda preocupación, ante una situación que se viene repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando se realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, que se pretende atacar las investigaciones judiciales desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial la de los fiscales que asumen un rol trascendente en aquellas actuaciones.

                    Por ello, esta institución está a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia,  el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

                       FLF, 30 de diciembre de 2020

 

Susana PERNAS

Presidenta

 

Ricardo Rafael TORANZOS

Secretario General 

 

Marcelo VARONA QUINTIAN

Secretario de Relaciones Exteriores                   

--------------------------------------------------------------------------------

COMUNICADO - OCTUBRE 23 - 2020

                    La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, quiere manifestar su profunda preocupación, ante una situación que se viene repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando se realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, que se pretende atacar las investigaciones judiciales desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial la de los fiscales que asumen un rol trascendente en las investigaciones, sin que esos cuestionamientos se plasmen o tengan éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial o de impugnación. 

                 En ese marco, hemos observado que en los últimos tiempos en la Republica del Uruguay, varios fiscales se vieron mencionados, tanto en el ámbito parlamentario como en artículos mediáticos, por autoridades políticas, adjudicándoles intenciones parciales y hasta delictivas, fundándose en datos que no fueron sometidos a un  previo y lógico tamiz de verosimilitud, lo que permite sospechar que existe una aparente intención de contaminar la investigación que aquellos tienen a su cargo sobre importantes e históricos hechos en violación a los derechos humanos en su país. 

                   Por ello, exhortamos a una prudencia especial, tanto a los órganos oficiales como a la comunidad toda, debiendo esperar que los estrados judiciales competentes se expidan antes de sacar cualquier conclusión o pretender afectar los procesos en marcha, lo contrario, significaría poner en riesgo los principios republicanos de la Nación Uruguaya, ya que estas presiones tratan de afectar directamente la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal. 

                Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de los establecido en el orden constitucional y en las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio. 

                   Por último, nos ponemos a disposición Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay para cualquier acción posterior o asistencia que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal. 

 

Susana Pernas 

Presidente 

 

Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario General 

 

Marcelo Varona Quintian  

Secretario de Relaciones Exteriores 

------------------------------------------------------------

COMUNICADO - JULIO 24 - 2020

          La Federación Latinoamericana de Fiscales hace llegar su solidaridad a nuestro colega de la República de Paraguay, Dr. Juan Olmedo, agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Contrabando, quien ha sido víctima de actos de amedrentamiento y amenazas con motivo de una investigación que se encuentra realizando en ejercicio de sus funciones.

Dicho acto, no solo constituye un ataque personal a la persona del Fiscal.  sino a los principios propios de una República.

         Por ello, instamos a las autoridades gubernamentales que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad del Dr. Olmedo, la de su familia y la de sus colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal “… que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, o injerencias indebidas…” (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).

Asimismo, exigimos que se profundicen las investigaciones a fin individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques queden impunes.

           Por lo demás, es pertinente resaltar que este tipo de situaciones vienen reiterándose en el ámbito de diversas jurisdicciones de la región, por lo que esta Federación se pone a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia,  el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

Susana Pernas 

Presidente 

 

Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario General 

 

Marcelo Varona Quintian  

Secretario de Relaciones Exteriores