Comunicados de la Federación Latinoamericana de Fiscales, respecto a cuestiones de importancia para el ejercicio del rol fiscal, y garantías que deben serle aseguradas, como ser su independencia, seguridad personal y de su familia, y demás aspectos relativos al ejercicio del cargo. 

FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  6 de abril 2021

Tratamiento de las Conclusiones del Encuentro Internacional sobre “POLITICAS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL CON PERPECTIVA DE GENERO”

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FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  5 de marzo 2021

 

                La Federación Latinoamericana de Fiscales, manifiesta su profunda preocupación ante la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región, de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen que la "independencia judicial” constituye un derecho humano, amparado en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

            En efecto, la autonomía en las instituciones de procuración de justicia no solo es necesaria para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino que fue establecida para garantizar a la comunidad el derecho de acceso a una justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones de derechos humanos.

        Por ello, la independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la Republica, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder.

              La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos, ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de justicia. 

              Dicha garantía, en modo alguno implica la imposibilidad de auditar, por parte de los otros poderes estatales, la calidad de la función jurisdiccional, ya que impone, entre otras cosas, la necesidad de una regulación estatal, con criterios objetivos e imparciales en el sistema sancionatorio de los operadores, que contengan y respeten la autonomía e independencia individual de cada fiscal.

           En ese marco, recientemente en la República Argentina se ha observado proyectos legislativos que crean una incertidumbre sobre la estabilidad de los funcionarios judiciales, ya que intentan conformar organismos de juzgamiento con un tilde mayoritariamente político, desobedeciendo el mandato constitucional de no injerencia en la función jurisdiccional, llegando al extremo de plantear la posible conformación de comisiones parlamentarias especiales con facultades disciplinarias sobre los jueces y fiscales.

              Todo eso sucede en un contexto de descalificación constante por parte de autoridades oficiales de los actores judiciales, sin que se plasmen esos reclamos en los ámbitos institucionales pertinentes y previstos legalmente para el juzgamiento de los jueces y fiscales, generando una mayor desconfianza pública en la administración de justicia.

              Además, entre otras reformas legislativas, se pretende menguar el respaldo institucional del Procurador General de la Nación, al reformar la ley que requería el voto de los tercios de los miembros del Senado para su designación, estableciendo como suficiente una mayoría simple de votos,

               Consecuentemente, esta Federación ha resuelto brindar apoyo a las asociaciones de fiscales de Argentina en sus planteos contra la reforma judicial, e invitándolas a ocurrir ante organismos internacionales de protección de derechos humanos para el caso de que se efectivicen los avasallamientos a la independencia judicial.

         Se deja constancia, que, en la actualidad, la FLF está integrada por asociaciones de once países, a la sazón: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

​Presidenta: Susana Marta Pernas (Argentina – AFFUN)
Vicepresidente Primero: Ronald Segura (Costa Rica)
Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos (Argentina – AFFUN)
Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona Quintián (Argentina – AAF)
Protesorero: Claudio Uribe (Chile)
Vocales:
Argentina: María Fernanda Poggi (AFFUN) y Sebastián Videla (AAF);
Brasil: Adriano Marco Brito de Asís.
Guatemala: Max López.
Honduras: Leslie Pamela Cruz Núñez
Paraguay: Sandra Ledesma.
Perú: Jorge Vega y Juan Coya
Uruguay: Brenda Puppo y Willian Rosa
Tribunal de Honor: Mario Carrera (Chile) y Alejandro Sevilla (Honduras)
Comisión Revisora de Cuentas: Fátima Capurro (Paraguay)-

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FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES

COMITÉ EJECUTIVO

Reunión Virtual –  22 de enero 2021

Tratamiento presentación de Miguel A. Toma Sanchis

A los veintidós días del mes de enero de 2021, se labra la presente acta al solo efecto de dejar constancia que, en el día de la fecha, el Comité Ejecutivo de la FLF, en reunión virtual (en la que intervinieron la Presidente Susana Pernas, el Vicepresidente Primero Ronald Segura, el Secretario General: Ricardo Rafael Toranzos; Secretario de Relaciones Exteriores: Marcelo Varona; el Protesorero: Claudio Uribe; el Secretario de Actas: Francisco Rodríguez Camilo, los Vocales Fernanda Poggi, Sebastián Videla, Max López, Sandra Ledesma Brenda Puppo y Willian Rosa; los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas: Fredy Gutiérrez y Fátima Capurro);  tomo conocimiento, por medio de la Secretaria General, de la presentación efectuada, el 19 de enero del corriente año, por el Dr. Miguel Ángel TOMA SANCHIS, en donde expuso su denuncia en contra del Poder Ejecutivo del Uruguay por ser víctima de persecución política en su carácter de titular de la Fiscalía de Gobierno de 2° Turno en la República Oriental del Uruguay, solicitando que esta entidad estudie su caso y emita una declaración al respecto.

En ese marco, a requerimiento de la Presidencia, el Dr. Willian Rosa presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), informo que el organismo que integra el presentante corresponde a la órbita del Poder Ejecutivo, por lo que constituye un cargo político, ajeno al ámbito del Ministerio Publico Fiscal, resaltando que los hechos denunciados tienen vinculación con su tarea anterior como Secretario de la Presidencia de la Nación.

Consecuentemente, previo análisis de la  documentación aportada, el Comité resolvió, de manera unánime, hacer saber al Dr. Toma Sanchis que el  art. 2 del Estatuto de esta entidad circunscribe el objeto societario en  promover, garantizar y defender la más absoluta autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal, con respecto a los otros Poderes del Estado, Partidos Políticos, Sindicatos, Grupos de Interés o Factores de Presión, cuando desarrolla la función jurisdiccional, como titular de la  acción  pública para perseguir los delitos, por lo que resulta improcedente expedirse en el caso planteado, no solo porque el accionante presta servicio en la órbita del Poder Ejecutivo del estado uruguayo, sino porque además, existe la posibilidad que los citados planteos individuales  sean analizados  en causas judiciales, entendiendo que debe  recurrir a la instancias legales respectivas. En consecuencia, se dispone que se hagan las comunicaciones pertinentes de manera inmediata. No existiendo otras propuestas, se dio por concluido el acto, firmando la Presidente y el Secretario General para dar fe.

 

SUSANA PERNAS

Presidente

 

RICARDO RAFAEL TORANZOS

Secretario General

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COMUNICADO - DICIEMBRE 30 - 2020

                    LA FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE FISCALES repudia enérgicamente las amenazas sufridas por nuestra colega de la República Argentina, la Dra. Pamela Michlig, Auxiliar Fiscal Federal de la ciudad de Sáenz Peña, Provincia del Chaco, con motivo de la investigación  lleva a delante, junto a un equipo de fiscales, en una causa denominada “Carbón Blanco”, donde se desbarato una organización criminal trasnacional dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. 

               Dicho acto, no solo constituye un ataque personal a la Fiscal, sino a los principios propios de una República, por lo que es evidente su gravedad institucional.

                Por ello, instamos a las autoridades  gubernamentales que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad  de la Dra. Michlig, la de su familia y la de sus colegas y colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal  “… que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas”… (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas  sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).

                   Asimismo, exigimos que  se profundicen las investigaciones a fin de individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques queden impunes.

                     En este sentido, esta Federación quiere reiterar su profunda preocupación, ante una situación que se viene repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando se realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, que se pretende atacar las investigaciones judiciales desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial la de los fiscales que asumen un rol trascendente en aquellas actuaciones.

                    Por ello, esta institución está a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia,  el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

                       FLF, 30 de diciembre de 2020

 

Susana PERNAS

Presidenta

 

Ricardo Rafael TORANZOS

Secretario General 

 

Marcelo VARONA QUINTIAN

Secretario de Relaciones Exteriores                   

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COMUNICADO - OCTUBRE 23 - 2020

                    La “FEDERACION LATINOAMERICANA DE FISCALES”, quiere manifestar su profunda preocupación, ante una situación que se viene repitiendo en varios países latinoamericanos, cuando se realizan serias acusaciones a cuadros superiores de organizaciones delictivas o a imputados con alta trascendencia social, que se pretende atacar las investigaciones judiciales desacreditando o amedrentando la persona de los operadores, en especial la de los fiscales que asumen un rol trascendente en las investigaciones, sin que esos cuestionamientos se plasmen o tengan éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial o de impugnación. 

                 En ese marco, hemos observado que en los últimos tiempos en la Republica del Uruguay, varios fiscales se vieron mencionados, tanto en el ámbito parlamentario como en artículos mediáticos, por autoridades políticas, adjudicándoles intenciones parciales y hasta delictivas, fundándose en datos que no fueron sometidos a un  previo y lógico tamiz de verosimilitud, lo que permite sospechar que existe una aparente intención de contaminar la investigación que aquellos tienen a su cargo sobre importantes e históricos hechos en violación a los derechos humanos en su país. 

                   Por ello, exhortamos a una prudencia especial, tanto a los órganos oficiales como a la comunidad toda, debiendo esperar que los estrados judiciales competentes se expidan antes de sacar cualquier conclusión o pretender afectar los procesos en marcha, lo contrario, significaría poner en riesgo los principios republicanos de la Nación Uruguaya, ya que estas presiones tratan de afectar directamente la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal. 

                Este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de los establecido en el orden constitucional y en las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio. 

                   Por último, nos ponemos a disposición Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay para cualquier acción posterior o asistencia que tenga por finalidad establecer una defensa de la integridad y eficacia de la función fiscal. 

 

Susana Pernas 

Presidente 

 

Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario General 

 

Marcelo Varona Quintian  

Secretario de Relaciones Exteriores 

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COMUNICADO - JULIO 24 - 2020

          La Federación Latinoamericana de Fiscales hace llegar su solidaridad a nuestro colega de la República de Paraguay, Dr. Juan Olmedo, agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Contrabando, quien ha sido víctima de actos de amedrentamiento y amenazas con motivo de una investigación que se encuentra realizando en ejercicio de sus funciones.

Dicho acto, no solo constituye un ataque personal a la persona del Fiscal.  sino a los principios propios de una República.

         Por ello, instamos a las autoridades gubernamentales que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad del Dr. Olmedo, la de su familia y la de sus colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal “… que pueda ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, o injerencias indebidas…” (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).

Asimismo, exigimos que se profundicen las investigaciones a fin individualizar y responsabilizar a los autores, para evitar que estos ataques queden impunes.

           Por lo demás, es pertinente resaltar que este tipo de situaciones vienen reiterándose en el ámbito de diversas jurisdicciones de la región, por lo que esta Federación se pone a disposición para cualquier acción o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares” que fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia,  el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP).

Susana Pernas 

Presidente 

 

Ricardo Rafael Toranzos 

Secretario General 

 

Marcelo Varona Quintian  

Secretario de Relaciones Exteriores 

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